Resumen ejecutivo: Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
En un contexto de estigmatización y ataques digitales contra la prensa, persiste la violencia contra periodistas; también ha escalado la represión y la criminalización de las protestas
Al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa fueron asesinados en las Américas durante 2019 por motivos presuntamente vinculados con el ejercicio periodístico, una dolorosa cifra que se mantiene dentro de la tendencia de la última década en relación con los ataques graves a comunicadores. En efecto, se registraron asesinatos de periodistas en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. En Venezuela, Nicaragua y Cuba, en tanto, se articula un ataque desde el Estado hacia periodistas, medios de comunicación independientes y activistas opositores, a través de detenciones arbitrarias, así como distintas formas de censura y bloqueos de sitios en internet.
La Relatoría Especial llama la atención en relación con la generalización en la región de una narrativa que estigmatiza a periodistas y medios de comunicación, dirigida por altas autoridades públicas de modo intencional y que es seguida de ataques coordinados en redes sociales. Esta práctica, presente en una diversidad de Estados – incluso con gobiernos democráticamente electos-, incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de los y las periodistas a sufrir represalias, hostigamiento físico y acoso en línea.
La vigilancia de las comunicaciones digitales y el espionaje de medios y comunicadores también fue motivo de denuncia en distintos países de la región, al tiempo que las investigaciones de estas prácticas no arrojan mayores avances. En algunos países como Cuba, Colombia, Chile, Nicaragua y Venezuela persiste la implementación de estrategias de control y vigilancia a las comunicaciones de ciudadanos en redes sociales.
Si bien algunos países han avanzado en establecer mecanismos para la prevención de la violencia y protección a periodistas, así como políticas para la procuración de justicia en los crímenes contra comunicadores, las cifras de impunidad frente a la sanción de estos ataques siguen siendo elevada. Sumado a esto, cuando mandatarios o altas autoridades desarrollan un discurso que socava a la prensa o a los propios periodistas ponen en riesgo de manera seria cualquier política o acción por parte de los Estados.
Preocupa a la Relatoría Especial que algunos países recurran a la censura directa mediante el cierre de medios o la interferencia en medios de comunicación digital y también tradicionales, cuando son percibidos como críticos, en especial en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Un caso particular también ocurrió en Ecuador, donde una radico crítica con las medidas del gobierno y a favor de las movilizaciones que se produjeron en el mes de agosto. Los Estados miembros deben tomar en cuenta que el artículo 13 de la Convención Americana señala explícitamente que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa o a restricciones indirectas.
Pese a que varios países han avanzado en reformas legales de los delitos que protegen el honor y la reputación de los funcionarios públicos, en algunos países de la región aún se utilizan los tipos penales que permiten la criminalización del derecho a la libertad de expresión sobre asuntos de interés público. En Venezuela decenas de periodistas que investigan corrupción o abusos de poder están sometidos a procesos penales y debieron salir del país por temor a ser detenidos; mientras que en Perú una periodista tiene abiertos al menos cinco procesos judiciales por difamación agravada en su contra, por sus investigaciones sobre miembros de una orden religiosa.
En esta misma línea de preocupación, la Fiscalía de Panamá abrió trámite a nueve querellas por la presunta comisión de delitos de calumnia e injurias presentadas por el expresidente Ricardo Martinelli en contra de alrededor de 40 comunicadores, directivos y dueños de la Corporación La Prensa (Coprensa), del Diario La Estrella y Radio Panamá, entre otros. Asimismo, mientras que en México se habría condenado a un reconocido periodista a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral a un ex gobernador.
El presente informe también da cuenta el incremento en las protestas sociales y manifestaciones ciudadanas en distintos países de la región. La Relatoría Especial ha manifestado su alarma por el elevado número de muertes, centenares de heridos y detenidos producto de la represión y uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos policiales y militares en diferentes protestas y manifestaciones públicas, en lugar de privilegiar el diálogo como respuesta a las demandas ciudadanas. En específico preocupa la situación observada en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Haití, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua y Venezuela. En Cuba y Nicaragua, es particularmente grave que las autoridades han ordenado impedir de modo sistemático el ejercicio de la protesta y manifestaciones, a través de declarar ilegales o disolviendo en forma violenta aquellas manifestaciones que llegan a convocarse.
La Relatoría Especial saluda los avances en la incorporación de estándares del sistema interamericano en materia de acceso a la información, sin embarco persisten retos para garantizar el acceso a la información en poder del Estado, estadísticas, cifras y datos sobre graves violaciones a derechos humanos del pasado y también respecto a las vulneraciones actuales. La Relatoría Especial ha observado con preocupación un incremento en la falta de acatamiento de los funcionarios obligados, frente a las decisiones de los organismos que garantizan el acceso a la información.
Finalmente, la Relatoría Especial destacada la colaboración de los Estados al facilitar información en las visitas realizadas por esta oficina durante el 2019, que tuvieron como resultado un extenso análisis de la situación de la libertad de expresión y la formulación de recomendaciones. También destacada la labor de las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación por el permanente apoyo y las informaciones ofrecidas durante todo el proceso de producción del presente informe.
A continuación, presentamos una breve caracterización de los principales hallazgos en los países monitoreados, sin prejuicio de que en el informe completo (link) se detalla la situación de los hechos documentados en cada uno de los países del continente que pudieran constituir afectaciones o avances en materia de libertad de expresión.
Antigua y Barbuda. Durante el 2019 en Antigua y Barbuda se denunciaron prácticas de diseminación de desinformación en forma deliberada en el marco de las elecciones para el gobierno local de Barbuda. En agosto de 2019 el Senado aprobó una nueva enmienda a la Ley de Delitos Electrónicos [Electronic Crimes Bill, 2013], que incorporó la posibilidad de solicitar una orden de registro para obtener datos de dispositivos electrónicos, de modo de que puedan ser usados como prueba en eventuales procesos judiciales. A través de las últimas enmiendas a la Ley, se ha dado mayor claridad a los delitos previstos en la misma, tales como el envío de mensajes ofensivos a través de servicios de comunicación, la violación de la privacidad y la pornografía infantil, de modo de evitar restricciones a la libertad de expresión.
Argentina. Durante 2019 la Relatoría Especial dio seguimiento con especial atención a diversos ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y comunicadores, perpetrados tanto por particulares como por autoridades y funcionarios públicos. Asimismo, persisten denuncias sobre el uso de la fuerza policial en el marco de protestas y detención de manifestantes. Esta Oficina también fue informada sobre la denuncia penal presentada por el gobierno contra la organización Greenpeace debido a una demostración realizada durante un acto oficial. Por otra parte, la Relatoría Especial recibió información preocupante sobre la solicitud de una Fiscalía a un programa periodístico para que informe los nombres de los periodistas involucrados en una noticia, decisiones judiciales que prohibieron a medios de comunicación reportar sobre determinados temas, así como respecto a la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia a una exdirigente gremial por sus críticas a un funcionario público. En esta línea, la Relatoría Especial sigue con especial preocupación el procesamiento del periodista Daniel Santoro, por los presuntos delitos de “coacción y extorsión en grado de tentativa”, vinculado a la información que recibía de una fuente confidencial. Finalmente, la Relatoría destaca avances en la asignación de licencias definitivas a emisoras comunitarias de distintas provincias del país. Del mismo modo, destaca el respeto a la libertad de expresión y la libre circulación de ideas e informaciones durante el proceso electoral que transcurrió sin menores incidentes.
Bahamas. Durante el 2019, esta Relatoría Especial ha recibido con preocupación información sobre la falta de avances respecto de la implementación de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act – FOIA], que fue sancionada en el año 2017. Asimismo, se han registrado una serie de casos en lo que las autoridades han denunciado penalmente a periodistas o han amenazado con hacerlo, bajo la figura de difamación [libel], para limitar la libertad de expresión.
Barbados. En el marco de las elecciones generales de 2018, la electa Primera Ministra Mia Mottley habría propuesto la introducción de un proyecto de ley para garantizar el acceso a la información pública, con el objetivo de lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas. Durante 2019, diferentes funcionarios han afirmado que el gobierno se concentrará en que la legislación sobre libertad de información entre en vigor, indicando que es necesaria una transformación completa de la forma en que se maneja la administración pública del país. Indicaron que ya se han tomado una serie de medidas para lograr más apertura y transparencia, tal como las reuniones informativas para la prensa luego de la reunión del consejo de Ministros. Hasta la finalización de este Informe Anual dicho anteproyecto no fue aprobado.
Bolivia. Durante el 2019 Bolivia estuvo marcada por una crisis política que desembocó en la renuncia del ex Presidente Evo Morales para luego dar lugar al interinato presidencial de la exsenadora Jeanine Añez. Durante más de 20 días el país vivió una escalada de violencia que segó la vida de 35 personas en las denominadas masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz) debido a tareas conjuntas entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía boliviana. De igual manera, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y vulneraciones a derechos humanos de parte de grupos de ciudadanos movilizados durante un paro cívico realizado en diferentes ciudades del país. A raíz de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo una visita de observación a Bolivia desde el 22 al 25 de noviembre. Ante este contexto, la Relatoría Especial ha registrado la falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación. En esta misma línea, se recibió la denuncia del posible asesinato del periodista argentino, Sebastián Moro, ocurrido en un escenario de crisis generalizada tras las elecciones nacionales y el vacío de poder derivado de la renuncia del exmandatario Morales. Asimismo, esta Oficina ha manifestado su preocupación por la persecución y hostigamiento de periodistas independientes y comunicadores populares como son, el corresponsal de la Izquierda Diario, Carlos Cornejo, el artista Leonel Jurado, el colaborador de La Jornada de México, Juan Trujillo, el estudiante de cine de la Universidad Mayor de San Simón (UMSA), Alexander Fernández, los gestores de redes sociales, Orestes Sotomayor y Alejandra Salinas, a través del uso de figuras penales como son “terrorismo” y “sedición” . Asimismo, la Relatoría Especial ha llamado la atención de autoridades del gobierno interino frente los anuncios para cambiar el marco jurídico existente a través de leyes que no son compatibles con las recomendaciones en cuanto a la libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos. Entre ellas, destaca el proyecto de decreto supremo s/n donde se estipula, entre otros, el cierre y la re-asignación de pauta publicitaria al sistema de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs) en Bolivia.
Brasil. La Relatoría Especial ha documentado durante el 2019 en Brasil un contexto de hostilidad hacia el ejercicio del periodismo y el libre funcionamiento de los medios de comunicación. Las constantes declaraciones de descalificación por parte de las altas autoridades contra periodistas y medios de comunicación socavan el rol de la prensa. En un contexto de polarización del escenario mediático y de la narrativa en redes sociales se reproduce un discurso estigmatizante hacia medios y comunicadores que han difundido información sobre la gestión del gobierno, quienes son acusados de un presunto rol de oposición o parcialidad política. Las declaraciones y ataques contra la prensa son particularmente graves, en tanto pueden agravar el riesgo de amenazas y violencia contra estos profesionales y afectar la confianza que tiene la población en el periodismo como institución de la democracia.
Esta Oficina también observa diversas situaciones de amenazas contra los y las periodistas a causa de sus labores; y en algunos de estos episodios han participado quienes se manifiestan partidarios del gobierno. Asimismo, se han registrado dos asesinatos y actos de violencia contra periodistas por motivos presuntamente vinculados al ejercicio de su labor. Por otro lado, persiste en Brasil el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el contexto de las manifestaciones sociales y protestas. La Relatoría Especial ha tomado nota sobre actos de censura, especialmente con respecto a expresiones artísticas y producciones sobre la identidad, orientación y diversidad sexual.
Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile en el contexto de las protestas sociales que sacudieron al país, lo que determinó víctimas mortales, miles de heridos, así como periodistas y camarógrafos agredidos tanto por fuerzas policiales como por grupos violentos.
La Relatoría Especial llama en especial la atención sobre los ataques selectivos a camarógrafos y periodistas por parte de fuerzas de seguridad durante la cobertura de protestas. Esta Oficina también recibió denuncias sobre la existencia de presiones a comunicadores en canales de televisión estatal y medios privados. Además, se registraron ataques e incendios de parte de grupos violentos contra distintas instalaciones de medios de comunicación en varias ciudades del país.
Asimismo, se reportaron denuncias sobre detenciones ilegales y tortura, en las cuales se encuentran como víctimas las poblaciones más vulnerables como son niños, niñas y adolescentes, además de ataques sexuales contra mujeres y población LGBTQ.
Esta Oficina ha tomado nota sobre respecto a las iniciativas legales surgidas para restringir distintos aspectos de las protestas, la Comisión recibió información sobre la presentación de un paquete de proyectos de ley que podrían criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión. La CIDH llama al Estado a no desarrollar tipos penales que convierten en actos criminales conductas comúnmente observadas en protestas que, en sí mismos, no afectan bienes como la vida, la seguridad o la libertad de las personas.
Colombia. Durante 2019 la Relatoría Especial observó con preocupación el excesivo uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales iniciadas el 21 de noviembre. Llama especial atención de esta Oficina una serie de acciones que desembocaron en detenciones a periodistas, agresiones físicas y obstáculos que debieron enfrentar los comunicadores durante las coberturas y registro de las protestas. La Relatoría Especial también ha tomado nota de que los periodistas que realizan investigación se vieron sometidos a estigmatización de parte de dirigentes políticos, rupturas de contratos y despidos en varios medios, lo que abre la preocupación sobre posibles efectos inhibitorios para el ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, se reportó el asesinato de cuatro comunicadores por motivos presuntamente vinculados al desempeño profesional e instó a investigar estos casos sin descartar la hipótesis relacionada con el ejercicio de la profesión. Finalmente, esta oficina destaca avances en el ámbito de Unidad Nacional de Protección de periodistas y en materia de radiodifusión comunitaria. También se ha tomado nota sobre algunos avances en investigaciones de asesinatos a periodistas, sin perjuicio de que aún existen casos pendientes que deben abordarse con debida diligencia y los recursos suficientes para poner fin a la impunidad sobre crímenes perpetrados en años anteriores.
Costa Rica. Durante 2019, la Relatoría Especial observó una tendencia al incremento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en contextos de protesta social. Asimismo, tomó nota sobre proyectos legislativos que se encuentran pendientes de analizar por el Congreso y que establecerían regulaciones al ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, cuyas disposiciones podrían afectar negativamente al derecho a la libertad de expresión. Finalmente, esta Oficina saludó el fallo emitido el 9 de agosto por la sala de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia que reiteró la incompatibilidad con el derecho a la libertad de expresión que habría sobre el requerimiento de la colegiación obligatoria o la obligatoriedad de afiliarse al Colegio de Periodistas para poder ejercer el periodismo en el país.
Cuba. Las restricciones a la libertad de expresión, acceso a información pública y a la protesta han persistido durante el 2019 en Cuba. El gobierno cubano habría recrudecido la represión sobre disidentes y opositores, el hostigamiento, la persecución sistemática de periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público por fuera del control del Estado.
El acoso a periodistas, activistas, artistas y defensores y defensoras de derechos no es solo físico, sino también psicológica, donde cobra relevancia la naturalización de los tratos humillantes cometidos como parte del control de las fuerzas policiales y administrativas. En este contexto, la Relatoría Especial expresó su grave preocupación por la condena a un año de privación de libertad por el delito de resistencia y desobediencia hacia el periodista de CubaNet, Roberto Jesús Quiñones Haces, como consecuencia de su decisión de cubrir las audiencias de un juicio de interés público.
La Relatoria Especial también han expresado su preocupación respeto a la posibilidad de la aprobación de nuevas normas jurídicas como el Decreto-Ley No. 370 “sobre la informatización de la sociedad en Cuba” que afecta el ejercicio de la libertad de expresión y la posibilidad de fundar medios de comunicación digitales. En esta misma línea se encuentra el Decreto-Ley No. 349, el cual establece sanciones por el incumplimiento de la política cultural, y el cual, según lo informado, habría agravado la censura de expresiones artísticas y la persecución de artistas en Cuba.
Dominica. Durante el 2019, el gobierno de Dominica solicitó asistencia para la realización de una reforma electoral a la Secretaría de la CARICOM (CARICOM), la Secretaría del Commonwealth (COMSEC) y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), que en agosto realizaron una Misión Especial Conjunta en el país. Las tres organizaciones efectuaron una serie de recomendaciones, señalaron la falta de información de los ciudadanos respecto de la reforma electoral y su derecho al voto, afirmando que “no todas las personas habían recibido información suficiente y precisa que les permitiera comprender las cuestiones y formar opiniones fundamentadas”, y resaltaron la necesidad de mejorar y equilibrar el acceso de todas las partes a los medios de comunicación públicos y privados. Según información de público conocimiento, el diputado Héctor John y el hermano del líder del Partido de los Trabajadores Unidos Brian Linton habrían sido arrestados y acusados de incitación en una reunión pública de dicho partido, luego de exigir que se lleve a cabo la mencionada reforma electoral.
El Salvador. Durante el 2019 continuaron las agresiones, amenazas y falta de garantías para el trabajo periodístico en El Salvador, a lo largo de las elecciones presidenciales el 3 de febrero se reportaron obstaculización de coberturas y limitaciones al acceso a la información en cuanto a lo que se refiere a la falta de debates y entrevistas de algunos candidatos a los comicios. La Relatoría Especial ha manifestado su preocupación frente a diferentes declaraciones estigmatizantes, campañas de difamación en redes sociales contra comunicadores por parte de altas autoridades públicas contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, lo que habilita el acoso por razón de género hacia mujeres periodistas.
Asimismo, se registraron restricciones en el acceso a periodistas de algunos medios en conferencias de prensa, bloqueos en coberturas periodísticas y restricciones a interrogantes de periodistas investigativos. Medios independientes denunciaron inspecciones selectivas a sitios críticos con el gobierno actual, vulneraciones que se consolidan como indicadores contrarios a la creación de un ambiente propicio para el desarrollo normal del ejercicio periodístico en el país.
Estados Unidos. En Estados Unidos se continúa observando un contexto de hostilidad hacia el ejercicio del periodismo y el libre funcionamiento de los medios de comunicación. Las constantes declaraciones de descalificación por parte de altas autoridades contra la prensa, a través de calificativos como ser que la consideran “deshonesta”, “corrupta”, “enemiga del Pueblo”, que difunden “noticias falsas”, o que comenten “actos virtuales de traición” (“virtual act of treason”), socava el rol de la prensa. Este clima ha abierto el cauce para el ataque y hostigamiento de periodistas y medios de comunicación también por parte de partidarios del gobierno. Se han producido agresiones a la prensa durante protestas y manifestaciones, en particular dos periodistas fueron heridos con balines de goma durante las protestas que exigían la renuncia del exgobernador en Puerto Rico.
Asimismo, persiste la aplicación de la “Ley de Espionaje”, y la existencia de requerimientos judiciales para que periodistas revelen sus fuentes o se presenten en calidad de testigos sobre hechos que han reportado o investigado. En particular, preocupa a la Relatoría los cargos presentados bajo la ley de espionaje en contra de Julian Assange por la publicación de “secretos gubernamentales”, y el allanamiento de la casa de un periodista en San Francisco, en la búsqueda de sus fuentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Relatoría Especial destaca los avances en las esfera judicial y legislativa, tanto en el ámbito federal como estatal, las cuales han adoptado decisiones favorables que protegen a la libertad de expresión, así como propuestas de iniciativas legislativas que buscan proteger y garantizar dicho derecho.
Granada. Durante el 2019 en Granada se han reportado casos de hostigamiento y restricciones a la cobertura de denuncias realizadas por comunicadores. Un ejemplo de ello es el hostigamiento por parte de autoridades del gobierno a periodistas, al momento de realizar preguntas en conferencias de prensa, incluyendo ataques físicos y amenazas.
Guatemala. Los medios de comunicación y periodistas se enfrentaron a un escenario hostil durante 2019, caracterizado por la persistencia de campañas de estigmatización contra la prensa por parte de altas autoridades, en especial contra las y los periodistas que investigan casos de corrupción y abusos de poder por parte de seguidores de sectores que se oponían a la permanencia de la CICIG en el país. Este panorama se profundizó durante el contexto electoral y desató distintos tipos de ataques contra la prensa y candidatos políticos que se articularon a través de las redes sociales, hackeo de cuentas, difamación, discursos de incitación al odio, así como discriminatorios o sexistas. La CIDH también observó con preocupación el estado de excepción impulsado por el gobierno y la restricción al derecho de manifestación y la protesta, contexto dentro del cual se registraron incidentes contra la prensa.
Por otro lado, preocupa a la CIDH y su Relatoría Especial la falta de avances en relación con la puesta en marcha de mecanismos de protección para la protección de los comunicadores y medios de comunicación, así como como el debilitamiento institucional del Archivo Histórico de la Policía.
Guyana. El gobierno de Guyana anunció en 2018 que trabajaría para disminuir las penas respecto del delito de difamación aún vigente en el ordenamiento jurídico, no obstante, durante el 2019 se habrían registrado múltiples denuncias por esta figura. En este contexto, la Ministra de Telecomunicaciones Públicas demandó al sitio informativo Stabroek News y a su columnista Anand Goolsarran, por supuesta difamación en relación a una investigación sobre conflictos de intereses y corrupción. El abogado principal del gobierno de Guyana, también utilizó la figura de difamación para demandar al periódico Kaieteur News en relación con una información presuntamente errónea que habría sido rectificada. Según información recibida por esta Relatoría Especial, el gobierno de Guyana estaría utilizando la asignación de publicidad oficial como una herramienta para premiar y castigar a medios de comunicación de acuerdo a su línea editorial.
Haití. La Relatoría Especial ha tomado nota con preocupación sobre el asesinato de los periodistas Petion Rospide y Nehemie Joseph y la falta de identificación y sanción de los perpetradores. También se reportaron ataques y agresiones a medios y periodistas durante 2019, lo que ha levantado dudas respecto a la protección para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Haití. Asimismo, la Relatoría ha registrado el excesivo uso de la fuerza al momento de reprimir y dispersar las protestas que estallaron por la crisis política y los hechos de corrupción vinculados a Petrocaribe, así como falta de estadísticas sobre muertes y detenciones en este contexto.
Honduras. Durante 2019 se produjeron protestas ciudadanas, impulsadas por los gremios de la educación y la salud en diversas ciudades de Honduras, que fueron apoyadas por amplios sectores de la población. Aunque las manifestaciones desarrollaron pacíficamente, también ocurrieron episodios de violencia. La Relatoría Especial observó con preocupación un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado –policiales y militares– en la represión de las protestas, que derivó en muertes, detenciones y heridos. Por otro lado, la persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema para el ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión. Durante 2019 se reportaron al menos 6 asesinatos de comunicadores que podrían estar vinculados con el ejercicio del periodismo, y que aún no han sido identificados sus autores materiales o intelectuales. Además, numerosos comunicadores y periodistas abandonaron el país a raíz de amenazas. También fue objeto de especial preocupación la persistencia del uso del derecho penal para castigar a comunicadores, siendo de particular gravedad la condena a 10 años de prisión contra un periodista por la comisión de delitos de injurias.
Jamaica. La Relatoría Especial ha observado que el municipio de St. James se ha impedido la realización de una serie de eventos en un edificio de propiedad estatal, en el marco de las celebraciones de la comunidad LGBTIQ en el país. Además, altas autoridades han realizado declaraciones estigmatizantes con respecto a comunicadores y medios de comunicación.
Durante 2019, se registraron varios intentos de llevar a cabo reformas legales que podrían afectar el ejercicio a la libertad de expresión. Sobre el particular, se ha modificado la Ley de Administración y Justicia Penal [Criminal Justice and Administration Act], aumentando las sanciones para quienes tomen fotografías a las personas privadas de libertad. Además, se ha propuesto la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública [Access to Information Act], para aumentar de 20 a 70 años el período en el cual los documentos del gabinete están exentos de ser divulgados. La Relatoría Especial destaca el rol que cumplieron las organizaciones de la sociedad civil para evitar que ello ocurriera.
México. Durante el 2019 los periodistas de México siguieron enfrentando una crisis de violencia que segó la vida de 11 comunicadores. El ataque contra los periodistas persiste, agravada por la falta de consecuencias legales expresadas en la impunidad de estos crímenes. La respuesta del gobierno para implementar mejoras y proveer de más recursos para el mecanismo de protección parecen insuficientes frente a la magnitud de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo a las recomendaciones hechas por la Relatoría Especial en el “Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México”, después de la visita in loco el 2017, esta Oficina tomó nota sobre la evaluación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solicitada a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por el actual gobierno), lo que se presenta como una valiosa oportunidad para mejorar distintos aspectos del mecanismo de protección. Asimismo, esta oficina ve con preocupación, el incremento de declaraciones estigmatizantes de parte de altas las autoridades públicas contra integrantes de la prensa, lo que promueve la práctica del acoso masivo en redes sociales, como lo han reportado diferentes organizaciones y medios de comunicación.
Nicaragua. Durante 2019, Durante 2019, el gobierno de Nicaragua prosiguió adoptando acciones represivas dirigidas a restringir de manera sistemática el ejercicio de la protesta, el ejercicio del periodismo independiente y el accionar de las y los defensores de derechos humanos. En ese contexto, los principales periodistas del país debieron permanecer varios meses en el exilio y las redacciones y equipos de los medios privados Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, y de 100% Noticias fueron confiscados y no fueron restituidos al finalizar el año. El gobierno también mantuvo un férreo control editorial sobre los medios estatales, y respecto al duopolio de la televisión privada. A lo que se suma que la asignación de publicidad oficial es destinada exclusivamente a los medios de comunicación oficialistas y a los de la familia gobernante. Adicionalmente, la Relatoría Especial observa que el Ejecutivo a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) controla la importación y entrega de papel, maquinaria, equipos y repuestos para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos; en este contexto los periódicos LA PRENSA, el periódico Hoy, El Nuevo Diario y Metro denunciaron serias restricciones para circular, al punto que en septiembre los periódicos Metro y El Nuevo Diario anunciaron el cierre, así como la edición impresa del suplemento satírico semanal El Azote.
El 11 de junio, los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía, después de permanecer casi 6 meses detenidos tras ser acusados por presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio. Según la información disponible, la acusación en su contra continuaría vigente a pesar de que el juicio habría sido suspendido. Por otra parte, se registró un continuo hostigamiento y vigilancia contra periodistas y medios identificados como opositores, así como otras formas de agresión, sobre todo es las ciudades de Bluefields, León, Masaya y Matagalpa.
La Relatoría observa con suma preocupación la situación de impunidad que se encontrarían los graves crímenes cometidos contra periodistas y medios de comunicación en el contexto de las protestas sociales de 2018. Según lo informado, debido a la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2019, las investigaciones relacionadas a estos delitos habrían sido archivadas. Así, por ejemplo, fue informado que las investigaciones sobre el incendio de Radio Darío, y el asesinato del periodista Ángel Gahona habrían sido archivadas.
Panamá. Durante 2019, la Relatoría Especial observó un uso constante de procedimientos penales y civiles en contra de periodistas y medios de comunicación que investigan y publican hechos de presunta corrupción lo que podría generar un clima autocensura para la prensa. En esta línea, esta Oficina ha contabilizado alrededor de 40 directores, periodistas y personal de prensa con procesos judiciales. Asimismo, se ha tomado nota de la vigencia del artículo 195 del Código Penal que sanciona con pena privativa de la libertad, o su equivalente en días multa, los delitos de injuria y calumnia cuando éstos sean cometidos a través de un medio de comunicación social oral o escrito, o utilizando un sistema informático. Además, no existiría límite para las reclamaciones de indemnización civil por estas causas.
Paraguay. Durante 2019, la Relatoría Especial observó un contexto de polarización política en Paraguay que provocó el desarrollo de protestas sociales, en las que se produjeron incidentes entre los manifestantes y los agentes de la seguridad del Estado, así como agresiones contra periodistas que daban cobertura. Esta Oficina documentó la construcción de un discurso de las altas autoridades del Estado que busca deslegitimar las protestas contra el gobierno y vincularlas con supuestos planes de desestabilización. Llama la atención el aumento de amenazas, intimidaciones, agresiones y acciones legales dirigidas a criminalizar la labor de periodistas que difunden información de alto interés público. Igualmente, la Relatoría Especial observó con preocupación los despidos de periodistas de medios de comunicación. Por último, esta Oficina destaca los avances en la protección del derecho de acceso a la información, aunque observó reformas normativas que podrían resultar regresivas en este ámbito.
Perú. Durante 2019, la Relatoría Especial ha tomado nota sobre el uso constante de hostigamiento judicial hacia el periodismo de investigación en Perú a través de figuras del derecho penal (calumnia, injuria y difamación) como mecanismo para presionar a periodistas y comunicadores, lo que podría tener un efecto inhibitorio. Entre otros casos se destacan varias acciones penales concertadas contra los periodistas Paola Ugaz, Pedro Salinas y del sitio Ojo Público.
Asimismo, la remoción del director del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) despertó preocupación en periodistas y organizaciones como un posible intento de mayor influencia gubernamental de los medios públicos. Además, la Relatoría Especial recibió información sobre proyectos de ley presentados en el Congreso que buscarían establecer controles estatales sobre la información y condicionamientos a la prensa, así como otros intentos para regular y sancionar la comunicación digital y el flujo de información en redes sociales, imponer el denominado derecho al olvido en distintas circunstancias y normar el uso de datos personales.
República dominicana. En 2019, la Relatoría Especial ha recibido información sobre amenazas contra periodistas de parte de grupos criminales vinculados al narcotráfico. La oficina toma nota de que por instrucciones del Poder Ejecutivo y la coordinación de la Procuraduría General de la República, se habría ofrecido toda la protección necesaria a las periodistas involucradas.
Asimismo, un periodista televisivo denunció, a través de una carta, que el procurador general se encontraría realizando una campaña de acoso y hostigamiento en su contra por la publicación de contratos de compras públicas que lo involucrarían.
Esta Oficina además destaca que el Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana declaró inconstitucionales algunos de los artículos contenidos en la Ley de Partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y la Ley Electoral, que contenían disposiciones amenazaban amenazan la libertad de expresión en coyuntura electoral campaña, las cuales contemplaban penas de hasta 10 años de prisión para los delitos de difamación e injuria que se cometan contra los candidatos y partidos políticos y de 3 a 10 años por violaciones normas éticas, legales y constitucionales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.
San Cristobal y Nieves. Pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública [Freedom of Information Act] fue sancionada en 2018, la misma todavía no habría sido implementada. Según el gobierno, ello se debería a la falta de recursos para el desarrollo de protocolos y la contratación de personal.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia declaró en marzo de 2019 que las reglas 26 y 38 de la ley sobre el Servicio Público eran contrarias a la Constitución y, por lo tanto, inválidas, ya que impiden la participación de funcionarios públicos en actividades políticas partidarias.
San Vicente y las Granadinas. Un presunto caso de corrupción que involucró a las más altas autoridades derivó en una serie de solicitudes de compensaciones económicas y amenazas de acciones legales contra miembros de la oposición y de la prensa.
Santa Lucia. Durante 2019, la Relatoría Especial ha recibido denuncias sobre el uso de la figura de difamación como una estrategia de altos funcionarios públicos para perseguir a periodistas, medios televisivos y a miembros de la sociedad civil en Santa Lucía.
Surinam. Según información recibida por la Relatoría Especial, diversos periodistas han señalado la necesidad de una Ley de Acceso a la Información Pública como herramienta para que los periodistas puedan hacer su trabajo, y han denunciado que actores políticos proporcionan información errónea.
Trinidad y Tobago. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial han tomado nota con preocupación sobre la vigencia en el ordenamiento jurídico de Trinidad y Tobago de la Ley de Sedición, sancionada en 1920 por el gobierno colonial británico. Esta Oficina ha recibido información sobre la aplicación de dicha ley en distintas oportunidades como una manera de obstaculizar el ejercicio para la libertad de expresión y del trabajo de la prensa, los sindicatos y la sociedad civil, acusándolos de cometer “actos sediciosos” o de tener “intenciones sediciosas”.
Uruguay. La Relatoría Especial observó que, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay se realizaron denuncias sobre difusión de campañas de desinformación deliberada. En esta línea, alrededor de 70 medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha un programa de verificación de información denominado Verificado.uy, que jugó un rol destacado en la verificación de información.
Asimismo, la Relatoría Especial ha tomado nota sobre la aprobación del decreto que aprueba el Plan de Acción de Gobierno Abierto, que propondría realizar reformas a la Ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública (UAIP) para actualizar las obligaciones de transparencia de los organismos públicos gubernamentales y no estatales.
Esta Oficina también destaca avances respecto a varias decisiones judiciales que protegieron la libertad de expresión y ordenaron archivar denuncias penales por y un derecho a réplica solicitado por actores políticos contra varios medios de comunicación en el marco de un debate sobre la participación de esos dirigentes en la dictadura militar (1973-1985).
Venezuela. Durante 2019 las graves violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela continuaron profundizándose, en el contexto de una agudización del conflicto político y social. La violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, ejercida en muchos casos por los propios miembros de las fuerzas de seguridad, se acrecentó durante eventos de interés público, como protestas, actos políticos o debates legislativos. Numerosos periodistas fueron detenidos de manera arbitraria por miembros de la Policía o de los servicios de inteligencia mientras realizaban su trabajo o cubrían manifestaciones, y reiteradamente fueron forzados a borrar material periodístico. De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, las fuerzas de seguridad policiales y militares habrían reprimido las manifestaciones mediante el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y balas reales para dispersar a los manifestantes, lo que habría dejado como resultado cientos de personas heridas, detenidas, y decenas de fallecidos.
Además, se constató un patrón de censura en Venezuela, mediante el bloqueo sistemático de sitios web de medios periodísticos, redes sociales o servicios de streaming ordenados por las autoridades estatales y ejecutados por la proveedora pública de Internet, CANTV. Además, se registraron recurrentes fallas en la conectividad de internet debido a los daños a la infraestructura de telecomunicaciones y a las interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Asimismo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el bloqueo de canales internacionales de noticias de los servicios de televisión para abonados, dispuso el cierre de emisoras y ordenó suspender la transmisión de determinados programas.
La Relatoría Especial recibió información sobre varios casos de detenciones arbitrarias, y procesos penales llevados adelante contra periodistas en presunta represalia por su labor informativa, en muchos casos sin las garantías del debido proceso. Continuaron asimismo las detenciones arbitrarias y la posterior aplicación de normas penales vagas, ambiguas y desproporcionadas que restringen libertad de expresión para silenciar opiniones o informaciones críticas sobre la situación política y económica que atraviesa el país, tanto de periodistas, como de funcionarios del Estado, políticos opositores, o ciudadanos que se expresan a través de las redes sociales.
